Es de sobra conocido que en España existe un verdadero problema para acceder a una vivienda, ya sea como arrendamiento o como compraventa. Este se debe, en gran parte, a una serie de circunstancias como son la debilidad de la vivienda pública, en comparación con el resto de los países europeos; y, una normativa desfavorable a la hora de contratar préstamos hipotecarios por parte de los consumidores, que se traduce en un sobreendeudamiento familiar, que ha provocado en los últimos años numerosas ejecuciones hipotecarias y desahucios de vivienda.